Serias dudas me invaden acerca del éxito de la reforma del sistema electoral que se ha llevado a cabo. No sé si los venezolanos se hallen prestos para votar por él solo hecho de “eliminar” la incidencia partidocrática en el Consejo Nacional Electoral, o por el hecho de que la automatización del proceso electoral pueda lograr una mayor transparencia del mismo. Pienso en cambio que muchos de nosotros ni aun así estaríamos convencidos de que el voto es nuestra realización como ciudadanos.
¿Quién me garantiza que el nuevo gobierno electo va a respetar el compromiso programático adquirido durante la campaña electoral? Acaso no estamos cansados de los prácticamente incontables fraudes en esta materia: se nos ha ofrecido desde una computadora para cada escuela hasta una carta de intención con el “pueblo” venezolano que de plano rechazaba los programas económicos neoliberales. Y ya vemos donde estamos.
La reforma electoral es un paso importante para profundizar la democratización del sistema político, pero no el más importante. Antes está restarle al Estado el supremo poder que mantiene frente al individuo y que lo ahoga su condición ciudadana. Y aunque suene paradójico, quitarle poder al Estado frente al individuo debe ir paralelo a refortalecer institucionalmente al Estado.
Refortalecer institucionalmente al Estado es menester en la medida en que sigue siendo una institución capturada por pequeños grupos de interés. Nuestra historia del siglo veinte es la mejor prueba de ello: durante la primera mitad de este siglo eran los sectores de una joven oligarquía militar, asociados con el capital extranjero, quienes ostentaban la mayor cuota de poder en su organización; en la segunda mitad han sido las cúpulas de dos o tres partidos políticos asociados con sectores militares y algunos capitales privados quienes mantuvieron tal poder. En uno u otro caso han sido grupos minoritarios quienes se han adueñado del Estado venezolano, no permitiendo que éste adquiera un cuerpo propiamente orgánico por mediación de una sociedad civil establecida y robusta, ahogando cualquier posibilidad mínima de desarrollo de ésta.
El modelo de Estado capturado funcionó mientras los petrodólares afloraron para solventar cualquier situación riesgosa al establishment. Así, “a punta de realazos” se maquillaba la miseria social y cultural manifiesta. Pero, una vez que el modelo económico quebró, el modelo político establecido en el “pacto de punto fijo” también se derrumbó. No obstante, la lógica cultural del “puntofijismo” se sigue imponiendo en las “nuevas” élites políticas; y hasta puede decirse que ha cobrado mayor vigor.
Todo ello nos muestra que la verdadera transformación del país tendrá que comenzar por la lógica cultural dominante.
¿Quién me garantiza que el nuevo gobierno electo va a respetar el compromiso programático adquirido durante la campaña electoral? Acaso no estamos cansados de los prácticamente incontables fraudes en esta materia: se nos ha ofrecido desde una computadora para cada escuela hasta una carta de intención con el “pueblo” venezolano que de plano rechazaba los programas económicos neoliberales. Y ya vemos donde estamos.
La reforma electoral es un paso importante para profundizar la democratización del sistema político, pero no el más importante. Antes está restarle al Estado el supremo poder que mantiene frente al individuo y que lo ahoga su condición ciudadana. Y aunque suene paradójico, quitarle poder al Estado frente al individuo debe ir paralelo a refortalecer institucionalmente al Estado.
Refortalecer institucionalmente al Estado es menester en la medida en que sigue siendo una institución capturada por pequeños grupos de interés. Nuestra historia del siglo veinte es la mejor prueba de ello: durante la primera mitad de este siglo eran los sectores de una joven oligarquía militar, asociados con el capital extranjero, quienes ostentaban la mayor cuota de poder en su organización; en la segunda mitad han sido las cúpulas de dos o tres partidos políticos asociados con sectores militares y algunos capitales privados quienes mantuvieron tal poder. En uno u otro caso han sido grupos minoritarios quienes se han adueñado del Estado venezolano, no permitiendo que éste adquiera un cuerpo propiamente orgánico por mediación de una sociedad civil establecida y robusta, ahogando cualquier posibilidad mínima de desarrollo de ésta.
El modelo de Estado capturado funcionó mientras los petrodólares afloraron para solventar cualquier situación riesgosa al establishment. Así, “a punta de realazos” se maquillaba la miseria social y cultural manifiesta. Pero, una vez que el modelo económico quebró, el modelo político establecido en el “pacto de punto fijo” también se derrumbó. No obstante, la lógica cultural del “puntofijismo” se sigue imponiendo en las “nuevas” élites políticas; y hasta puede decirse que ha cobrado mayor vigor.
Todo ello nos muestra que la verdadera transformación del país tendrá que comenzar por la lógica cultural dominante.
Javier B. Seoane C.
Caracas, marzo de 2000
Inédito
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