Por: Javier B. Seoane C. | Viernes, 21/08/2026 12:37 AM |
Si bien la sociedad civil supone conceptos jurídicos relativos a los derechos de libertad de asociación así como a los alcances y límites de las responsabilidades de las organizaciones civiles, supone especialmente una condición sociocultural y socioeconómica alcanzada históricamente. No hay sociedad civil sin ciudadanía y la ciudadanía es antes que nada una condición cultural y como tal aprendida, una condición contentiva del reconocimiento de derechos y obligaciones con la sociedad toda. Esta condición cultural se soporta sobre ciertas bases socioeconómicas mínimas, difícil aprender y actuar como ciudadano si uno sufre la urgencia del hambre y no cubre satisfacer las necesidades básicas mínimas. Lo dicho hasta aquí vale también para el discurso más amplio de los derechos humanos.
Las comunidades pueden existir y comprenderse sin necesidad de la condición ciudadana y la responsabilidad cívica. Una aldea premoderna es una comunidad pero no una asociación de ciudadanos. La sociología ha distinguido desde su origen entre comunidades y asociaciones. En las primeras las personas guardan vínculos emotivos y suelen compartir un mismo sistema de creencias. En cambio en las asociaciones las personas se relacionan en términos más funcionales para satisfacer determinadas necesidades. Por ello Hegel, uno de los más grandes filósofos de la historia y uno de los primeros en conceptualizar la sociedad civil, la consideró como un conjunto de organizaciones propiamente desarrolladas durante la época moderna occidental. En esto lo acompañan relevantes historiadores que la analizan desde su emergencia en el llamado tercer estado, su nacimiento de la burguesía moderna que finalmente se volverá hegemónica durante y tras la revolución francesa.
En su "Filosofía del derecho" Hegel aprecia la sociedad civil como ese entramado de asociaciones voluntarias que median entre la familia y el Estado, superan a la primera en sus límites y busca limitar el poder del Estado. La piensa también cubriendo necesidades y urgencias que el mercado no puede por sus propias limitaciones. En este sentido, Hegel dispone de un concepto más amplio y sustantivo que el de liberales clásicos como Locke o el del propio Marx, quienes la reducen a su dimensión económica. En tanto que mediadoras, las organizaciones civiles reúnen a individuos que comparten intereses en un campo determinado para constituir una fuerza social de cara a negociar y contraponerse ante los poderes políticos y económicos. Así, por ejemplo, los ecologistas se organizan con el propósito de contrarrestar la depredación ambiental de muchas empresas tanto privadas como públicas. Las feministas se vinculan para luchar por sus derechos y vencer el patriarcalismo tradicional. Los obreros harán lo propio mediante sindicatos y los empresarios mediante sus respectivas cámaras. Su razón de ser: los individuos aislados poco pueden hacer por sí mismos, atomizados, frente a los grandes poderes organizados. No cabe duda de que a Hegel no le falta razón al pensarla como mediadora entre individuos y Estado, cabe agregar, entre individuos y las grandes corporaciones económicas también. Protegen a los individuos, limitan al Estado y al mercado. Obviamente, el éxito de esta protección y de su capacidad limitadora de lo político y lo económico dependerá de la fortaleza de su organización, de la exitosa capacidad de organizarse por parte de los ciudadanos.
Difícil pensar el concepto de democracia sin el de sociedad civil que apenas hemos asomado, a menos que lo limitemos a la visión schumpeteriana de que la democracia debe confinarse a la convocatoria de los electores cada determinada cantidad de años para que elijan qué partido político ha de gobernarlos. Bien, Schumpeter no requiere de ciudadanos, si acaso de electores. Empero, la democracia no se reduce a votar por partidos, más bien esto es un resultado histórico al que hemos llegado tras vivenciar y reconocer la diversidad de nuestra vida social. Los conceptos deliberativo y participativo de democracia, propios de nuestro tiempo, expresados explícitamente en nuestra Constitución pero pisoteados una y otra vez, resultado histórico de sociedades plurales y organizadas y deseable por aquellos quienes somos débiles en nuestra cultura organizativa, exigen el concepto activo y protagónico de la sociedad civil. Se exigen ciudadanos, no sólo electores.
A comienzos de este siglo uno de los artífices de la conquista del poder político de Hugo Chávez, Luis Miquilena, respondió burlonamente a una periodista preguntándole sobre cómo se comía eso de la sociedad civil. Podía ironizar Miquilena despreciando a la sociedad civil porque la consideraba débil. Casi repite la famosa frase de Stalín cuando preguntaba, también con ironía: ¿con cuántas divisiones cuenta el Papa? Sólo que en lugar del Papa habría que poner la sociedad civil. Quizás Miquilena ya estaba borracho del poder de un gobernante que dispone del control de un Estado venezolano muy poderoso y muy débil al mismo tiempo. Muy poderoso por cuanto reúne bajo su control el poder de las armas y la principal fuerza económica del país. Muy débil en tanto que es un gigante con pies de barro por carecer de un tejido social organizado que le dé sustento institucional. Por esta debilidad el Estado ha terminado capturado por los gobiernos de turno producto de grupos políticos organizados. Durante gran parte de nuestra historia fue capturado por los militares, durante lapsos más breves por cogollos partidistas junto con sus enchufados. Y seguramente el conocimiento de esta situación llevó a Miquilena a mofarse de lo que consideraba la ingenuidad de una joven reportera, el mismo conocimiento que llevó a nuestra gran socióloga Mercedes Pulido a sentenciar con sobrada preocupación de que el gobierno venezolano es tan poderoso que puede desentenderse por un largo tiempo de la sociedad. En la historia de nuestro último medio siglo han sobrado gobiernos que se han mantenido de espaldas a la sociedad venezolana.
El gran teórico social Émile Durkheim definió como monstruosidad sociológica a toda sociedad con un Estado superpoderoso y unos individuos atomizados, desorganizados. Una sociedad así es monstruosa porque es demasiado fuerte la tentación de aplastar a la disidencia por quienes regentan el Estado. Nosotros, debemos confesarlo, padecemos en grado importante la monstruosidad sociológica. No se trata de una cuestión genética, nuestro genoma es prácticamente el mismo que el de los holandeses o el de cualquier otro gentilicio. Se trata de una cuestión histórica. Nuestra colonia no fue proclive a las libertades modernas. Nuestra independencia fue trágica, muy destructiva del ya precario tejido social. El siglo XIX transcurrió entre pobreza, ausencia de población y capitales, y más guerras intestinas. Cuando Gómez comienza a formar el Estado moderno irrumpe la economía petrolera y en menos de medio siglo padecimos las consecuencias anómicas de una revolución industrial aunque sin industrialización efectiva, a saber, crecimiento demográfico abrupto y concentración urbana acelerada del país, todo sobre el motor económico del petroestado que se formó. No ha habido tiempo suficiente para cultivar y tejer una sociedad civil robusta. Durante varias décadas el Estado pudo comandar el desarrollo relativo del país, pero hoy, y desde hace medio siglo, el Estado está desvencijado y sin embargo su chatarra pesa demasiado sobre los frágiles hombros de la sociedad venezolana. Lo dicho se hizo público una vez más los primeros días tras el 24 de junio. La gente tuvo que organizarse sobre la marcha, salir en auxilio de sus vecinos, no contaba con el Estado. Económicamente lleva ya años valiéndose por sí misma a duras penas. Nuestra sociedad está agotada, pero como cuerpo vivo que es seguirá luchando.
Requerimos construir más comunidad y más sociedad civil, de modo permanente y no sólo ante coyunturas y emergencias. ¿Cómo construirla? Tarea dura con toda la historia que nos precede, nuestra actual situación económica y las fallas ya más que evidentes de nuestro sistema educativo. Se precisan políticas públicas de fomento de las asociaciones civiles que den cumplimiento a la Constitución, se precisa una reforma a fondo del Estado venezolano (no sólo una reforma del gobierno o del tren ejecutivo) y, especialmente, urge una política educativa encaminada con toda seriedad a la formación de ciudadanía y de cultura organizativa, al fomento de capital social; una política educativa dirigida a la educación formal (escolar en todos sus niveles) e informal y orientada a los adultos, empezando por los propios funcionarios del Estado y sin descuidar a los actores económicos cuya responsabilidad social empresarial puede hacer mucho en este campo. No hay otro camino para construir una democracia robusta, una de mujeres y hombres que tomen las riendas de su destino y no sean ninguneados por las grandes fuerzas políticas y económicas. Seguiremos esta reflexión en próximos artículos, particularmente en lo referente a la concreción de las políticas señaladas.