Estado, mercado y sociedad civil: tres lógicas sociales y una tarea

Por: Javier B. Seoane C. | Viernes, 28/08/2026 10:09 AM | 

Parece haberse formado un consenso en Venezuela en torno al sobredimensionamiento del Estado, la imperfección de nuestro mercado y la necesidad de fortalecer los lazos comunitarios y de la sociedad civil. Ya hemos escrito en pasadas oportunidades que el tamaño gigantesco del Estado obedece a diversos factores, unos históricos relacionados con la traumática experiencia histórica del siglo XIX que lo llevó a convertirse en garante de la unidad territorial y única fuente de capital, factor este último que se acentuó con la explotación petrolera y la herencia colonial, sancionada por Bolívar y continuada hasta hoy, de la pertenencia estatal de las minas y el subsuelo. El Estado devino en petroestado y ante las carencias de nuestro mercado y sociedad tomó la dirección de los proyectos de desarrollo. Por supuesto, otros factores coadyuvaron en el sobredimensionamiento estatal, como la sed de legitimación de los gobernantes de turno que engordaron expectativas y multiplicaron mediante dádivas clientelares los cargos y las cargas públicas, sin embargo no elaboraré más este tema aquí pues sólo me interesa destacar la lógica social propia de la administración estatal, la administración burocrática.

Max Weber señala que el Estado moderno se caracteriza por el monopolio de la violencia armada y la administración burocrática. A lo largo de varias páginas de "Economía y sociedad" reseña las características típico-ideales de esta administración. Lo que cabe destacar es su carácter vertical sustentado en un ordenamiento jerárquico de la autoridad ajustado a la racionalidad legal moderna. La burocracia es una maquinaria administrativa que se apega a normas y reglas así como a un mandato de la autoridad superior también delimitado por esas reglas. Otro sociólogo, Robert Merton, agregará que la burocracia debido a este apego normalista se ajusta a una forma ritualista de adaptación que se torna disfuncional a los cambios. Si bien nuestra burocracia estatal se distancia de muchos caracteres del tipo ideal, por ejemplo, el carácter meritocrático para ascender a los cargos superiores, muy probablemente acentúa la relación vertical asemejándola a la racionalidad militar, sobre todo en la medida en que históricamente el Estado ha sido gobernado la mayoría de las veces por militares. En todo caso, el carácter burocrático suele reñir fácilmente con el carácter democrático.

Frente a la lógica vertical, ritualista y expansionista del Estado hay quienes oponen el mercado. La lógica que opera en el mercado es más dinámica, creativa y adaptativa a los cambios. Quienes la defienden afirman que a diferencia de la burocracia estatal el mercado impulsa las libertades, las cuales entran en un juego de libre competencia. Precisamente aquí es donde radica el mayor problema del mercado para el carácter democrático, en aquello que deja la competencia de lado. La lógica del mercado se estructura sobre la base darwiniana de la sobrevivencia del más apto, y esto suele operar a favor de quien parte con ventaja en el juego, sea la ventaja de su creativa audacia intelectual o sea la ventaja de la herencia económica recibida. Quien no posee algún tipo de ventaja es marginado, dejado a su suerte, lo que lleva a los defensores del Estado a decir que el mercado dejado en libertad se vuelve anárquico y especialmente socialmente injusto. En ello no les faltan buenas razones. En el caso venezolano el mercado ha sido generalmente artificioso por la intervención estatal que a final de cuentas ha protegido muchas veces a un empresariado parasitario. Pero aún sin esta intervención el mercado venezolano es pequeño, con pocos consumidores y poco poder adquisitivo, lo que lo lleva a tendencias monopólicas o cartelizaciones de los precios. No hay espacio para muchos productores.

Las salidas salomónicas entre estas dos lógicas del tipo de la tercera vía de Toni Blair y cia, "tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario", parecen insuficientes para los tiempos que corren marcados por la fragmentación de muchos estados y la globalización de la lógica más salvaje del mercado. Hace falta que intervenga otra lógica, la de la sociedad civil. En ella predomina, como en la lógica del mercado, la concurrencia libre de la persona para formar parte de una asociación determinada, no obstante, no es la competencia la que se impone sino principios horizontales de organización muy contrarios a la tradicional jerarquización burocrática. Por este carácter de libre pertenencia y de horizontalidad, la sociedad civil guarda una mayor relación con la formación del carácter democrático y tiende a corregir los rasgos negativos del mercado constituyendo un tejido con suficiente fuerza para ejercer controles no autoritarios como por ejemplo lo hacen los sindicatos, las asociaciones de consumidores con boicots a los precios injustos o las asociaciones ecológicas al ponerle límites a determinados tipos de industrias contaminantes. Pero también establecen contrafuerzas para limitar a los Estados por medio de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos, la democracia o la lucha contra la corrupción. La lógica de la sociedad civil juega menos con la racionalidad estratégica del mercado y del Estado que convierte al ciudadano en medio de sus fines. La lógica de la sociedad civil se aproxima más a la racionalidad comunicativa, a la búsqueda razonable de entendimiento entre sus asociados y las relaciones con el resto de las instituciones sociales.

Dicho lo dicho, hay que considerar dos puntos finales. Las organizaciones civiles requieren de financiamiento, por lo que siempre corren el peligro de ser cooptadas por entes públicos o privados. Ha pasado con muchas ONG’s y ha pasado con los consejos comunales. También ellas deben actuar con la mayor transparencia al respecto, rendir cuentas permanentemente, especialmente cuando el tejido social es frágil por no haber suficiente fortaleza de la cultura ciudadana organizativa. El segundo punto tiene que ver con la promoción de esta cultura. Frente a las carencias estructurales de nuestro mercado y el colapso de nuestro Estado resulta urgente desarrollar políticas educativas dirigidas a toda la población para impulsar las organizaciones sociales, para anidar una cultura de la organización civil y comunitaria, lo que supone la formación ciudadana democrática. Al final del día, no habrá democracia sin esta educación general. Resultará muy interesante observar en las próximas semanas y meses las reflexiones y ofertas sobre este tema por parte de los candidatos a las distintas instancias como alcaldías, gobernaciones o poder central. Resultará interesante observar lo que tenga que decir el empresariado al respecto. Empero, además de observar se requerirá que la misma sociedad civil tome las riendas de actuar en este sentido, que lleve adelante una campaña por la ciudadanía y su institucionalidad, por la concienciación del poder que tienen las asociaciones civiles para la defensa y promoción de los intereses de las personas, desde las organizaciones que ya tenemos desde hace décadas en torno al campo educativo hasta la responsabilidad pública que obliga a las universidades en este tema, para lo cual hoy más que nunca tendrán que ser universidades abiertas a todo el país, grandes foros nacionales.

Pensar la sociedad civil venezolana

Por: Javier B. Seoane C. | Viernes, 21/08/2026 12:37 AM |

Si bien la sociedad civil supone conceptos jurídicos relativos a los derechos de libertad de asociación así como a los alcances y límites de las responsabilidades de las organizaciones civiles, supone especialmente una condición sociocultural y socioeconómica alcanzada históricamente. No hay sociedad civil sin ciudadanía y la ciudadanía es antes que nada una condición cultural y como tal aprendida, una condición contentiva del reconocimiento de derechos y obligaciones con la sociedad toda. Esta condición cultural se soporta sobre ciertas bases socioeconómicas mínimas, difícil aprender y actuar como ciudadano si uno sufre la urgencia del hambre y no cubre satisfacer las necesidades básicas mínimas. Lo dicho hasta aquí vale también para el discurso más amplio de los derechos humanos.

Las comunidades pueden existir y comprenderse sin necesidad de la condición ciudadana y la responsabilidad cívica. Una aldea premoderna es una comunidad pero no una asociación de ciudadanos. La sociología ha distinguido desde su origen entre comunidades y asociaciones. En las primeras las personas guardan vínculos emotivos y suelen compartir un mismo sistema de creencias. En cambio en las asociaciones las personas se relacionan en términos más funcionales para satisfacer determinadas necesidades. Por ello Hegel, uno de los más grandes filósofos de la historia y uno de los primeros en conceptualizar la sociedad civil, la consideró como un conjunto de organizaciones propiamente desarrolladas durante la época moderna occidental. En esto lo acompañan relevantes historiadores que la analizan desde su emergencia en el llamado tercer estado, su nacimiento de la burguesía moderna que finalmente se volverá hegemónica durante y tras la revolución francesa.

En su "Filosofía del derecho" Hegel aprecia la sociedad civil como ese entramado de asociaciones voluntarias que median entre la familia y el Estado, superan a la primera en sus límites y busca limitar el poder del Estado. La piensa también cubriendo necesidades y urgencias que el mercado no puede por sus propias limitaciones. En este sentido, Hegel dispone de un concepto más amplio y sustantivo que el de liberales clásicos como Locke o el del propio Marx, quienes la reducen a su dimensión económica. En tanto que mediadoras, las organizaciones civiles reúnen a individuos que comparten intereses en un campo determinado para constituir una fuerza social de cara a negociar y contraponerse ante los poderes políticos y económicos. Así, por ejemplo, los ecologistas se organizan con el propósito de contrarrestar la depredación ambiental de muchas empresas tanto privadas como públicas. Las feministas se vinculan para luchar por sus derechos y vencer el patriarcalismo tradicional. Los obreros harán lo propio mediante sindicatos y los empresarios mediante sus respectivas cámaras. Su razón de ser: los individuos aislados poco pueden hacer por sí mismos, atomizados, frente a los grandes poderes organizados. No cabe duda de que a Hegel no le falta razón al pensarla como mediadora entre individuos y Estado, cabe agregar, entre individuos y las grandes corporaciones económicas también. Protegen a los individuos, limitan al Estado y al mercado. Obviamente, el éxito de esta protección y de su capacidad limitadora de lo político y lo económico dependerá de la fortaleza de su organización, de la exitosa capacidad de organizarse por parte de los ciudadanos.

Difícil pensar el concepto de democracia sin el de sociedad civil que apenas hemos asomado, a menos que lo limitemos a la visión schumpeteriana de que la democracia debe confinarse a la convocatoria de los electores cada determinada cantidad de años para que elijan qué partido político ha de gobernarlos. Bien, Schumpeter no requiere de ciudadanos, si acaso de electores. Empero, la democracia no se reduce a votar por partidos, más bien esto es un resultado histórico al que hemos llegado tras vivenciar y reconocer la diversidad de nuestra vida social. Los conceptos deliberativo y participativo de democracia, propios de nuestro tiempo, expresados explícitamente en nuestra Constitución pero pisoteados una y otra vez, resultado histórico de sociedades plurales y organizadas y deseable por aquellos quienes somos débiles en nuestra cultura organizativa, exigen el concepto activo y protagónico de la sociedad civil. Se exigen ciudadanos, no sólo electores.

A comienzos de este siglo uno de los artífices de la conquista del poder político de Hugo Chávez, Luis Miquilena, respondió burlonamente a una periodista preguntándole sobre cómo se comía eso de la sociedad civil. Podía ironizar Miquilena despreciando a la sociedad civil porque la consideraba débil. Casi repite la famosa frase de Stalín cuando preguntaba, también con ironía: ¿con cuántas divisiones cuenta el Papa? Sólo que en lugar del Papa habría que poner la sociedad civil. Quizás Miquilena ya estaba borracho del poder de un gobernante que dispone del control de un Estado venezolano muy poderoso y muy débil al mismo tiempo. Muy poderoso por cuanto reúne bajo su control el poder de las armas y la principal fuerza económica del país. Muy débil en tanto que es un gigante con pies de barro por carecer de un tejido social organizado que le dé sustento institucional. Por esta debilidad el Estado ha terminado capturado por los gobiernos de turno producto de grupos políticos organizados. Durante gran parte de nuestra historia fue capturado por los militares, durante lapsos más breves por cogollos partidistas junto con sus enchufados. Y seguramente el conocimiento de esta situación llevó a Miquilena a mofarse de lo que consideraba la ingenuidad de una joven reportera, el mismo conocimiento que llevó a nuestra gran socióloga Mercedes Pulido a sentenciar con sobrada preocupación de que el gobierno venezolano es tan poderoso que puede desentenderse por un largo tiempo de la sociedad. En la historia de nuestro último medio siglo han sobrado gobiernos que se han mantenido de espaldas a la sociedad venezolana.

El gran teórico social Émile Durkheim definió como monstruosidad sociológica a toda sociedad con un Estado superpoderoso y unos individuos atomizados, desorganizados. Una sociedad así es monstruosa porque es demasiado fuerte la tentación de aplastar a la disidencia por quienes regentan el Estado. Nosotros, debemos confesarlo, padecemos en grado importante la monstruosidad sociológica. No se trata de una cuestión genética, nuestro genoma es prácticamente el mismo que el de los holandeses o el de cualquier otro gentilicio. Se trata de una cuestión histórica. Nuestra colonia no fue proclive a las libertades modernas. Nuestra independencia fue trágica, muy destructiva del ya precario tejido social. El siglo XIX transcurrió entre pobreza, ausencia de población y capitales, y más guerras intestinas. Cuando Gómez comienza a formar el Estado moderno irrumpe la economía petrolera y en menos de medio siglo padecimos las consecuencias anómicas de una revolución industrial aunque sin industrialización efectiva, a saber, crecimiento demográfico abrupto y concentración urbana acelerada del país, todo sobre el motor económico del petroestado que se formó. No ha habido tiempo suficiente para cultivar y tejer una sociedad civil robusta. Durante varias décadas el Estado pudo comandar el desarrollo relativo del país, pero hoy, y desde hace medio siglo, el Estado está desvencijado y sin embargo su chatarra pesa demasiado sobre los frágiles hombros de la sociedad venezolana. Lo dicho se hizo público una vez más los primeros días tras el 24 de junio. La gente tuvo que organizarse sobre la marcha, salir en auxilio de sus vecinos, no contaba con el Estado. Económicamente lleva ya años valiéndose por sí misma a duras penas. Nuestra sociedad está agotada, pero como cuerpo vivo que es seguirá luchando.

Requerimos construir más comunidad y más sociedad civil, de modo permanente y no sólo ante coyunturas y emergencias. ¿Cómo construirla? Tarea dura con toda la historia que nos precede, nuestra actual situación económica y las fallas ya más que evidentes de nuestro sistema educativo. Se precisan políticas públicas de fomento de las asociaciones civiles que den cumplimiento a la Constitución, se precisa una reforma a fondo del Estado venezolano (no sólo una reforma del gobierno o del tren ejecutivo) y, especialmente, urge una política educativa encaminada con toda seriedad a la formación de ciudadanía y de cultura organizativa, al fomento de capital social; una política educativa dirigida a la educación formal (escolar en todos sus niveles) e informal y orientada a los adultos, empezando por los propios funcionarios del Estado y sin descuidar a los actores económicos cuya responsabilidad social empresarial puede hacer mucho en este campo. No hay otro camino para construir una democracia robusta, una de mujeres y hombres que tomen las riendas de su destino y no sean ninguneados por las grandes fuerzas políticas y económicas. Seguiremos esta reflexión en próximos artículos, particularmente en lo referente a la concreción de las políticas señaladas.

Una buena señal para vencer el mujiquismo

Por: Javier B. Seoane C. | Viernes, 14/08/2026 05:56 AM | 

El miércoles finalizó el primer encuentro entre una parte del oficialismo y otra de la oposición. La noticia es que llegaron a un primer acuerdo y así fue anunciado por ambos actores. El anuncio ya publicado (https://www.aporrea.org/actualidad/n422147.html) afirma que se acordó “...la recuperación de activos venezolanos depositados en el Banco de Inglaterra y el inicio de un nuevo proceso para renovar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).” Según el Presidente de la Asamblea Nacional los fondos a recuperar de esa entidad irán dirigidos a atender a los afectados por los terremotos del 24 de junio. Ojalá que ese Banco que ya los ha disfrutado mucho para su propio peculio disponga de un mínimo de buena voluntad para hacer efectivo el acuerdo, ojalá que quienes vayan a administrar esos fondos generen con la mejor voluntad la mayor racionalidad y transparencia en su dar cuentas e invertir los recursos adecuadamente. Que se extienda la recuperación de nuestros fondos en otras entidades es un deseo nacional, como lo es del mismo modo la recuperación de los fondos robados impunemente por años de atroz corrupción. En esto último son ya demasiados los planes Marshall dilapidados sin nada a cambio, para decirlo con Uslar.

Además de que los fondos que pertenecen al pueblo venezolano regresen, otra buena noticia es la propuesta de nombrar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Entiéndase bien, no se trata de nombrar una parte de ese Tribunal, no se trata de una concesión, se trata de nombrarlo completo de nuevo, a todos y cada uno de sus miembros. Con ello va igualmente renovar y ampliar el comité de postulaciones judiciales así como modificar la Ley Orgánica de dicho Tribunal. El propósito de esta última reforma no está claro, esperemos que sea para darle mayor autonomía a todo el poder judicial y volver más racionales, expeditos y regulares sus procedimientos. Por lo demás, muy poco se dejó correr a la opinión pública más allá de que en este propio mes de agosto comenzarán este conjunto de cambios.

La transformación del poder judicial resulta de gran relevancia para superar el mujiquismo. Aludo con este sustantivo al conocido personaje de Rómulo Gallegos en Doña Bárbara, el Bachiller Mujica, mejor conocido como “mujiquita”, antiguo compañero de estudios de derecho de Santos Luzardo. Mujiquita es el secretario del Jefe Civil, y se encarga de torcer la interpretación de las leyes en favor de lo que disponga dicho Jefe Civil, que como se aprecia de civil nada tiene pues siempre está al servicio de sus propias apetencias y del poder arbitrario de Doña Bárbara. Sin duda, para Gallegos Mujiquita representa la ley aplastada al servicio de la voluntad de poder del caudillo de turno, en este caso una caudilla. El mujiquismo como mal civilizatorio ya estaba presente en los abusos de la colonia, en aquella expresión tan nuestra de “se acata pero no se cumple". El mujiquismo siguió imperando tras Gómez, período en que se ambienta la famosa novela venezolana. Nuestro deseo como país ha de ser superar este mal que extiende la injusticia a diestra y siniestra. Ojalá comience este nuevo tiempo que surge del primer acuerdo una voluntad de superarlo, para lo cual nuevamente será menester la ampliación del comité de postulaciones y que se escuche a las organizaciones de la sociedad civil en la selección y nombramiento de los mejores magistrados. Los requisitos reposan en nuestra carta de navegación, la Constitución, y la transparencia máxima posible será garante de que se cumpla. Que no vuelvan a repartirse los cargos como barajitas los políticos de la mesa de acuerdos.

De seguro muchos piensan que deseo no preña y que esta mesa de acuerdos consiste más que todo en una representación a toda luz de un teatro de títeres. Mas, bueno resulta recordar para aquellos que piensen así que de los teatros de títeres además de diversión también podemos obtener resultados alentadores de la función. En esta oportunidad cabe esperar llegar a algo que beneficie no sólo a quienes ostentan el poder temporal del Estado o a quienes esperan ejercerlo en poco tiempo, cabe esperar que toque algunos beneficios a esta sociedad venezolana que cual piñata en patio de kinder lleva recibiendo palos y palos desde hace muchas décadas. Alguna luz al final del túnel, alguna ventanita debe abrirse por donde pueda correr algo de luz y oxígeno para respirar. Exigimos la mayor transparencia en el uso de los recursos que vengan del exterior y en la reforma del Tribunal Supremo de Justicia. Que nuestra sociedad se active en dirección a esta exigencia.

El desafío democrático supone otro modelo de país

Por: Javier B. Seoane C. | Jueves, 06/08/2026 08:22 PM |

Cabe destacar con Augusto Mijares la voluntad republicana, y hasta cierto punto democrática, que acompañó desde su origen a la Venezuela que surgió desde el comienzo de la independencia. Conocido es que Bolívar, Bello, Rodríguez, del Toro, Roscio, Tovar y muchos otros se nutrieron de los ideales de la ilustración así como de los procesos revolucionarios de Francia y Estados Unidos. La invasión napoleónica a España y las no pocas torpezas de la Corona ofrecieron la crisis coyuntural para desatar el espíritu emancipador que dió a luz un nuevo tiempo. Por otra parte, la gesta revolucionaria francesa desató un espíritu romántico y seguidamente idealista en la época. Será el tiempo de la Historia, de los Herder, Humboldt, Goethe, como el tiempo de los Fichte, Schelling, Hegel. Será el tiempo de la conciencia histórica y de la esperanza en el progreso. Hasta la misma idea de "revolución" connota esa impronta romántico-idealista. Hay que decirlo, nuestra voluntad republicana y democrática poseía mucho de eso, de voluntad e idealismo.

Faltaron las condiciones materiales que dieran basamento al idealismo republicano de los precursores de nuestra independencia. Con contadas excepciones como la región andina, el país heredado de la colonia era de terratenientes sustentados en la producción de cacao, azúcar, añil y café, productos para nada imprescindibles en la dieta humana. Gran parte de las haciendas quedaron destruidas o cuando menos improductivas tras las cruentas guerras de independencia. Sólo a partir de 1830 se consiguió un corto período de relativa calma para revitalizar la producción, pero sin capitales nacionales para la inversión y llegando tarde a un comercio mundial que se movía ya con fuerzas industriales, nuestro país quedó como exportador de las materias primas ya señaladas en la división internacional del trabajo. Tampoco había suficiente población para desarrollar otro tipo de economía y pronto volvieron las guerras civiles en aquel país palúdico. ¿Cómo podría emerger en aquellas circunstancias un país integrado de ciudadanos? No había condiciones económicas como tampoco políticas y socioculturales. A pesar de ello, el anhelo republicano se mantuvo y llega hasta hoy, pero más que todo como anhelo, un anhelo que se ha manifestado a lo largo de estos dos siglos en nuestras formas de legislar, en nuestras leyes cívicas e ilustradas, pero al final leyes que se acatan pero no se cumplen.

De aquel país palúdico del XIX emergió otro en el siglo XX con una gran capacidad financiera producto de la explotación de los hidrocarburos. Ahora sí Venezuela se posicionó en un lugar destacado de la división internacional del trabajo, pero nuevamente como exportador de materia prima, de energía, e importador de casi todo lo demás. Heredada de la colonia la propiedad estatal del subsuelo, el Estado se fortaleció con las rentas que obtuvo de la explotación de la fuente que ha movido la producción y distribución mundial de la misma en el último siglo, el petróleo. Nuestro Estado devino en petroestado, y ante las inmensas necesidades heredadas de la miseria hizo mucho durante varias décadas en materia de modernización, primero cobrando impuestos y regalías a las transnacionales extranjeras, luego con la nacionalización de la producción a partir de 1976, si bien con poco tiempo de disfrute ante ya el colapso evidente del modelo económico hacia 1983. Para decirlo con Maza Zavala, aquel Estado engordó sin sacar músculo, modernizó pero sin mayor modernidad en cuanto a la formación de una sociedad civil relativamente independiente, pues gran parte de sus fundamentos fueron creados desde el Estado. Medina reunió a los empresarios en Fedecámaras, los adecos crearon organizaciones sindicales, campesinas y gremiales, pero casi todas desde arriba, desde el Estado. La economía giraba prácticamente en su totalidad alrededor del petróleo que poco empleo absorbía, menos del 0.5% de la población económicamente activa. Pero con una bomba financiera tan poderosa como lo es esa industria, con un imán tan potente, el empleo comenzó a crecer en sectores improductivos e informales al margen de los campos petroleros o en el sector burocrático-estatal bajo el ejercicio de un creciente clientelismo político para saciar la sed de legitimación de los gobiernos. Para decirlo ahora con Uslar, la sociedad comenzó a vivir del Estado, a depender del mismo. Sin duda, pésimas noticias para la democracia.

Con una economía parasitaria, un Estado macrocefálico y una sociedad con poco tejido asociativo pero creciente tanto en número de habitantes como en sus demandas urbanas y de consumo, el sistema colapsó a finales de la década de los setenta. En 1983 se evidenció la crisis económica, en 1989 la social y en 1992 la política. Hasta 1999 no se hicieron sino ajustes puntuales, salvo el intento de CAP II de darle un vuelco al modelo económico pero sin viabilidad política efectiva. A partir de 1999, el gobierno interpretó la crisis social y la crisis económica como solucionable a partir de una transformación política. Una nueva Constitución refrescó el modelo institucional, pero pronto se dejó de lado al apostar por un socialismo rentista y de corte militar burocrático que tornó exageradamente inmenso el tamaño del Estado y lo volvió aún más autoritario. Terminada la bonanza petrolera hacia 2013, ese gigante inoperante aplastó más y más a la ya de por sí débil sociedad civil y cercenó durante años el cambio económico valiéndose de la ya insuficiente renta petrolera.

Entendemos la democracia como democratización, como empoderamiento de las personas y libertad para expresarse y asociarse en sus comunidades y organizaciones ciudadanas, empoderamiento para lograr la menor dependencia posible de la racionalidad ganancial-competitiva propia del mercado o de la racionalidad jerárquico-burocrática propia del Estado. Para que la racionalidad horizontal-asociativa típico-ideal de las organizaciones civiles no quede sometida a la competencia individualista del mercado o al aparato burocrático estatal se precisa de unas determinadas condiciones materiales, de un modelo económico que invierta la relación de dependencia entre sociedad y Estado, un modelo productivo que haga que independice a los ciudadanos convirtiéndolos en financieros del gasto fiscal mediante los impuestos. La economía minera y petrolera bajo monopolio estatal no facilita esta tarea, máxime en un país en el que el petróleo llegó sin industrialización y en medio de la pobreza. El caso es que en las últimas cuatro décadas poco o casi nada se ha hecho por transformar el modelo de país. Más bien, el socialismo rentista, sobre la base de la bonanza de los precios del hidrocarburo, frustró más un cambio empoderador de los ciudadanos y las comunidades.

Las contradicciones del sistema finalmente han fulminado la soberanía, la de la sociedad venezolana para decidir su futuro mediante el ejercicio democrático y la del propio aparato estatal macrocefálico al quedar subyugado por las fuerzas estadounidenses. Lo triste es que para el país del norte solo parecemos contar como su reserva regional de minerales y petróleo, lo que nos mantendría en el peor de los mundos posibles, sin libertades democráticas y sin poder decidir sobre el empleo de nuestros recursos. La solución obvia: devolver la soberanía a la sociedad empoderándola económica y políticamente. Fácil de decir, difícil de implementar sin lograr acuerdos amplios entre las fuerzas políticas, económicas y sociales del país para enfrentar los desafíos presentes y construir un tejido asociativo civil y comunitario fuerte que le de músculo al ciudadano individual, a la economía productiva y a un Estado eficiente en la generación de equidad de oportunidades para la población ofreciendo la mayor calidad en materia de educación, salud y seguridad social. Mientras esperamos por este amplio acuerdo, actuemos desde nuestras respectivas instancias reclamándolo y organizándonos para poner coto a la aplanadora estatal que nos aprisiona y a la alternativa de dejar todo en mano de las libres fuerzas del mercado y su mano invisible y frecuentemente peluda. Ni lo uno ni lo otro, más comunidad y sociedad civil en su lugar. Y dentro de esta última la Universidad, que me toca de cerca, ha de cumplir un papel primordial como gran plataforma de encuentro para empoderarnos por medio de la pedagogía social que transforma nuestras vidas. No dudo que lo hará.