Javier B. Seoane C. - www.aporrea.org
Lo primero: la reforma del Estado es cuestión urgente, casi de vida o muerte ante la situación del país. A partir de aquí entran en juego muchas cosas para poder entendernos. Unas de contenido, como a qué llamamos reforma, qué tipo de Estado queremos reformar y qué Estado queremos construir. Otras son de forma y refieren principalmente al método para reformar el Estado y quiénes son convocados para llevar a cabo tal reforma. En las próximas líneas esbozaré algunas consideraciones sobre el contenido y la forma de la reforma estatal, todo ello a propósito de la propuesta que el gobierno ha puesto en la agenda nacional.
Antes, algo de historia: la COPRE. La Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) fue un proyecto que se originó en el primer año del gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1989) para dar respuesta al colapso que ya era evidente a partir del viernes negro (18 de febrero de 1983) del modelo de crecimiento económico y el Petroestado rentista que se había formado en la Venezuela del siglo XX. Para aquel entonces ya era una tarea poco menos que titánica elaborar una cartografía completa del complejo de instituciones vinculadas directamente al Estado, cual Hidra de Lerna disponía de múltiples cabezas y por más que se le cortaran le crecían nuevas, especialmente a partir del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979). Considero que la COPRE sirve de modelo para repensar y llevar a cabo la reforma actual del Estado, si bien perfectible y actualizable. Lo afirmo porque fue un organismo de autoobservación y cambio estatal pensado en términos más amplios que los del gobierno de turno y su partido, así, desde el inicio lo integraron actores de diferentes procedencias político-ideológicas, académicos, especialistas independientes, actores empresariales y sindicales que se reunieron en distintas áreas de investigación propositiva como salud, educación, economía, reforma constitucional, participación electoral y política, etc. Sin embargo, el gobierno de Lusinchi engavetó durante todo su quinquenio las recomendaciones que se le propusieron consensualmente. Fue el comienzo del segundo gobierno de Pérez (1989-1993) el que impulsó algunas de esas reformas, especialmente la referida a la elección de los gobernadores estadales y la creación y elección de la figura de alcaldes, pero aquella descentralización quedó a medio hacer al cercenarse muchos recursos administrativos y presupuestarios a las nuevas entidades políticas. Para remate, por muchas circunstancias aquel gobierno nació arponeado para llevar a cabo mayores cambios, contando incluso con la oposición de su propio partido. El colofón de cierre del proyecto fue la persistente negativa de los partidos hegemónicos a aprobar las leyes que los democratizase y su obstaculización a crear las condiciones para impulsar la autonomía de la sociedad civil. La COPRE se quedó casi toda en proyecto pues las cúpulas partidistas se negaron a ceder sus privilegios, los mismos con los que a los pocos años se hundirían dando paso al actual cuarto de siglo político. Empero, la COPRE dejó un legado en una pluralidad de libros y documentos y en una forma de convocar el cambio.
Recientemente la Presidenta (E.) Rodríguez ha designado a su Ministro de Educación, Héctor Rodríguez, para dirigir una comisión especial de reforma estatal. Desconozco, como creo que gran parte del país, los detalles de esta comisión. No obstante, a partir de lo dicho por las autoridades mencionadas, algo se puede aventurar. De este modo, parece una propuesta urgida, se habla de 90 días para presentarla, se habla que está dirigida a crear una nueva estructura de gobierno y un cambio importante en la legislación en aspectos relativos al código penal, la aceleración de trámites para facilitar los emprendimientos económicos y, muy probablemente, un cambio significativo en las leyes laborales. Lo dicho supone la colaboración del poder legislativo, con la que de seguro contará y también de forma expedita, como ya lo ha mostrado en las semanas pasadas de este año. El lenguaje frecuentemente empleado también nos dice algo. Palabras como “reingeniería estatal”, “eficacia y eficiencia administrativas”, “optimización financiera” están a flor de piel. Esta terminología técnica se impone sobre la vetusta terminología ideológica, por lo que parece que estamos ante un giro pragmático en el gobierno, algo que se viene observando desde el 3 de enero.
Recordando lo que fue la COPRE, quizás en lugar de hablar de reforma del Estado sea mejor hacerlo en términos de reformas puntuales en la administración del poder ejecutivo y reformas específicas en el ámbito legislativo que apuntan a una modernización económica con miras a facilitar la inversión de capitales en el país. No estamos, sin duda, ante la envergadura de lo que fue la COPRE. Estamos ante una reforma administrativa del gobierno para podarlo de tanta paja burocrática creada durante estas dos últimas décadas, especialmente a partir de la configuración del “socialismo rentístico” en 2006. Reducir el tamaño de la mesa del Consejo de Ministros ya se ha de agradecer ante un país al que se le piden tantos sacrificios, veremos qué consecuencias traiga ello en materia de empleos públicos, pero seguro habrá mucho que ganar de cara a una administración más eficiente y económica. En pocas palabras, la cosa parece bien, y quizás el alto gobierno requiera cubrirse con el manto de una comisión de reforma para darle algo de legitimidad a los cambios que le urge implementar.
Lo que fue el concepto de la COPRE está muy lejos de lo que se plantea, pero el gobierno siempre podrá decir con razón que no ha pretendido seguir ese modelo, que la comparativa es sólo mía. Y tendrá toda la razón. Si la he puesto en la mesa es porque, 1) creo que lo urgente es una reforma global del Estado, entre otras dimensiones de sus cinco poderes, de todo su aparataje institucional, de su relación con la sociedad civil y las comunidades, de las formas de organización de los partidos políticos a los que ha de aspirar una sociedad que se quiere democrática; y, 2) que esa reforma, si se quiere efectivamente democrática, y particularmente democrática en el concepto participativo y protagónico de nuestra Constitución, ha de convocar a la mayor diversidad posible de actores políticos y civiles concernidos con la reforma y afectados por las decisiones a tomar. De modo que bienvenido el acto de podar al Estado de tanto gamelote burocrático, pero la reforma del Estado todavía es una tarea pendiente.
