A propósito de un comunicado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela con relación al paro de veinticuatro horas convocado por la intergremial universitaria, la Ministra Sanjuán se preguntaba si sería legal que un Decano llame a la paralización de las actividades académicas privando a los estudiantes del derecho constitucional a la educación. Esta pregunta, aparecida en una conocida red social, fue respondida por muchos colegas universitarios. Me guardaré sus nombres, no vaya a ser que la ley en un ataque de ira la agarre con ellos, pero haré un resumen de algunas y aportaré algo propio a este caldo, siempre, por supuesto y como no puede ser de otro modo, llamando a un diálogo amable, constructivo y muy pacífico.
Hubo quien se preguntaba si era efectivamente un Decano el que estaba privando de derecho al estudio a unos estudiantes. ¿No será, acaso, que en los últimos años muchos han sido privados de ese derecho por políticas económicas y públicas obtusas y probadamente fracasadas una y otra vez? ¿Cuántos en edad de estudio han dejado de estudiar por tener que salir del país o sencillamente tener que trabajar en cualquier cosa para contribuir al ingreso de familias hundidas en la miseria? Estimada Ministra, ¿cuántos millones han sido excluidos de su derecho a la educación, y no solo la universitaria, por políticas irresponsables que condujeron al naufragio económico de este país? ¿Pueden responder esta pregunta con transparencia pública los funcionarios responsables de esta hecatombe educativa? ¿Puede dar la Ministra las cifras que tiene a la mano? ¿O no tiene cifra alguna? ¿Quiénes responden? ¿O sencillamente quienes pueden hacerlo estaban comprando kerosén en la bodega, y siguen comprándolo?
Otros afectados se preguntaban si sería legalmente constitucional que el Estado no pague un salario acorde con la canasta alimentaria, con la seguridad social requerida para cada trabajador y su familia. Y sin duda, cabe preguntarse, ¿se puede llamar salario a esa cosa que le pagan a los docentes, empleados y obreros universitarios, esa cosa que no llega ni a un dólar diario? ¿O será una forma encubierta de esclavismo? ¿Tenemos cifra de cuántos universitarios han fallecido en los últimos años por el desamparo de su seguridad social? ¿O acaso es salario unas bonificaciones, también paupérrimas, que carecen de cualquier incidencia en las prestaciones laborales? ¿O será que Teodoro se robó las prestaciones? No sé, pues a la mayoría de los universitarios que se han jubilado no le pagan prestación alguna desde 2014. Yo mismo soy uno de esos jubilados y doy fe de lo dicho. Otros ya han muerto, entre ellos Teodoro. Por cierto, ya no tiene mucho sentido que las paguen, mejor me invita el Estado a un café en la panadería de la esquina, que creo saldría ganando. ¿No se está privando de muchos de sus derechos laborales y constitucionales a los trabajadores de la administración pública de este país? ¿A los pensionados del IVSS? ¿A los jubilados? Las autoridades ya no hablan de socialismo, ni del siglo XXI ni de ninguno. Los mismos que ayer vociferaban socialismo y hablaban de una revolución pacífica pero armada, que vestían orgullosamente de rojo y hoy lo hacen de azulito, hablan de que los trabajadores tienen que entender, tener paciencia y marchar contra las sanciones. Volverse emprendedores, creativos. Sí, las sanciones han sido un grave daño, sin embargo el buque nacional ya había colisionado contra el iceberg cuando llegaron dichas sanciones. Lo que hicieron, en todo caso, fue empeorar lo que ya estaba mal. ¿Hasta cuándo han de subsidiar los trabajadores a las instituciones del Estado? ¿Sabe usted cuántos docentes universitarios estamos jubilados y seguimos activos sosteniendo las instituciones educativas? Creo que usted lo sabe porque conoce muy bien y desde hace muchos años la universidad, particularmente la UCV. Una cifra más difícil de conocer es la de cuánta gente valiosa no ha podido dedicarse a la investigación y la docencia porque sencillamente la irresponsabilidad los excluyó, les quitó la universidad que mínimamente alguna vez existió.
Otro bono se ha sumado al ya conocido de guerra, uno de responsabilidad académica. Mas, resulta fantasmagórico para un gran contingente de académicos. ¿Serán estos académicos irresponsables? Se dice, porque poco se sabe al respecto, en lugar de claridad predomina la opacidad, que se paga sólo a docentes activos con dedicación de medio tiempo, tiempo completo o dedicación exclusiva. ¡Qué manguangua! Desde hace ya un buen tiempo, debido a la aniquilación presupuestaria de las universidades, una gran cantidad de docentes son ya a destajo, es decir, dan unas horitas de clase, carecen de dedicación mayor pues no hay con qué pagarles la miseria que se paga y, además, deben buscar su sustento en otras partes, no pueden dedicarse a la universidad aunque quieran hacerlo. En parte, por eso hay tanto jubilado activo en nuestras instituciones de educación superior. Si fuese cierto que sólo se pagará según la especie mencionada arriba, ¿no será esto una discriminación, una especie de apartheid laboral, contra los jubilados activos y no activos y los profesores por horas de clase? ¿Una discriminación como la ya conocida de la ONAPRE? Esperemos que sólo sea un rumor de mala fé, un fake new típico de nuestros tiempos, y que la Ministra, docente universitaria dedicada a temas loables como la cultura de la paz, pronto logre cancelar el bendito bono, y que ojalá deje de ser bono y se vuelva salario. Venida, como yo, de la onda espiritual post 68, estoy seguro de que no aceptará discriminaciones tan injustas. Un comunicado reciente del Ministerio echa la culpa de este asunto a las universidades públicas (¡todas!) por no haber entregado las nóminas. ¿Les habrán sido solicitadas oportunamente? Pues hay decenas de comunicados de estas instituciones informando que nada se les ha solicitado. Alguien miente, supongo.
¿El derecho a huelga no es acaso un derecho constitucional y por tanto legal? Porque la cuestión parece surgir a partir de la huelga. Por cierto, toda pretendida revolución se alza contra la ley en nombre de la legitimidad, cuando se hace con el poder e impone la nueva ley ya no suele hablar más de legitimidad y se vuelve legalista. Sin embargo, no viene al caso lo dicho, el derecho a huelga es legal y dadas las condiciones de nuestros trabajadores parece que harto legítimo. Las autoridades universitarias, como los Decanos, son también trabajadores y nos consta a muchos lo mucho que están sacrificando para sostener con vida estas instituciones imprescindibles para una sociedad que quiere construir con inteligencia su futuro. Más bien, desde hace ya un largo tiempo, y como a todos los trabajadores de este país, el Estado les debe más de una disculpa y una práctica política efectiva destinada a reparar los daños creados.
Habría decenas de preguntas más por formular. Pero deseo creer que la profesora Sanjuán no quiere una pax sanjuanesca ni la paz de los sepulcros, sino una auténtica paz. Y sé que la profesora Sanjuán, venida de ese mundo post 68 y académicamente bien formada, sabe con la más profunda sabiduría que no hay paz posible sin justicia social, y que no hay justicia social con discriminaciones. Por eso, sé que se pondrá en la tarea de contrarrestarlas, de empatizar afirmativamente con los trabajadores bajo su responsabilidad; sé que no será la vocera de un partido ni iniciará la consabida justificación de políticas injustas. Y si la Ministra se pone en esta tarea ojalá lo hagan todos sus compañeros de gabinete, para que así el gobierno se ponga de una vez por todas en su propio mandato de bajarle dos, pedir disculpas y comenzar el largo camino de resarcir tantos daños causados a la sociedad venezolana.
