martes, 4 de septiembre de 2007

Descentralización y “Democracia Cultural” (1997)

Sin lugar a dudas hablar en nuestro tiempo de descentralización es hablar de democratización. El proceso de descentralización, al que todavía le falta mucho camino por recorrer, responde a un gran anhelo de una parte de la población, pero sobre todo a la crisis que venía sufriendo el sistema político desde la quiebra del modelo económico en 1983 y a la respuesta que los actores políticos dominantes dieron a ese escenario. Esta crisis, que se hizo manifiesta a finales de 1984 con la ruptura del naciente llamado pacto social, fue deslegitimando gradualmente el sistema, hasta que en 1989 se plantea su reforma conjuntamente con las reformas económicas de apertura al mercado mundial y a la iniciativa privada. Lo que se pretendía desde las élites que se encargaron de llevar a cabo la reforma era relegitimar la democracia representativa venezolana. Para ello, nada mejor que profundizar la representación hacia las instituciones gubernamentales estadales y locales.

Nosotros partiremos de la tesis de que la democratización asociada al proceso de descentralización es una democratización mutilada, pues ha estado carente de lo más esencial, que es democratizar el acceso al saber y a la información para fortalecer la sociedad civil. A nuestro entender la razón es que el proceso se ha hecho por decreto, olvidándose de los aspectos propiamente sociológicos del mismo, así como de sus mismos postulados teóricos originales.

En cuanto a estos postulados, el texto editado por la COPRE, titulado La reforma del Estado: proyecto de reforma integral del Estado, nos dice que el objetivo último del proceso era “…convertir al individuo en protagonista y fin del desarrollo.”
[1] Para ello, era menester “… promover los factores que puedan incrementar el nivel cultural de la población y garantizar la más amplia participación de los individuos y grupos en la vida cultural de la sociedad.”[2] Así, la reforma del Estado pasa por una Democracia Cultural basada en la distribución equitativa de los bienes culturales, la apertura a la pluralidad de las manifestaciones socioculturales, el estímulo sistemático a la creación y la promoción de los valores locales, regionales y nacionales.

De acuerdo con lo expuesto lo que se procuraba era pasar de una democracia representativa a una democracia participativa, en donde el ciudadano se asumiera como protagonista del proceso de reconstrucción nacional. Ahora bien, pienso que estos cambios implicaban antes que nada cambios en el sistema educativo nacional, cambios orientados hacia la formación de ciudadanos en un país de habitantes. Entiéndase bien: poner al individuo como fin y protagonista de la vida nacional no puede significar otra cosa que la asunción de ese individuo como ciudadano.

Ante esto, es importante señalar que el concepto de ciudadano implica un individuo que de acuerdo con su formación cultural se presenta como ser social, consciente de la necesidad de la convivencia y por lo tanto de ser un animal político, un animal que vive en la polis, que convive entre la mutiplicidad de perspectivas que confluyen en ella. Pero no todo individuo es un ciudadano. La ciudadanía no es una sustancia innata sino una condición cultural, aprendida a través de los procesos de socialización.

Ahora bien, nosotros afirmamos que la condición de ciudadanía en el hombre venezolano es sumamente precaria, lo que hace que no sea muy propio hablar en nuestro país de una sociedad civil formada. Y es que tal como lo entiendo a partir de una larga tradición del pensamiento occidental, la sociedad civil sólo es posible en la medida en que hayan ciudadanos organizados en función de sus intereses particulares. Los grupos ecologistas, los sindicatos, las asociaciones de vecinos, los grupos deportivos, etc.; son distintas manifestaciones de la sociedad civil. Si bien, en Venezuela existen formalmente este tipo de asociaciones, ellas carecen de representatividad social, pues en términos estadísticos nuestros habitantes no participan en sus prácticas, lo que generalmente las deja como meros cascarones vacíos capturados por oportunistas de turno y a veces por algún que otro bienintencionado.

El problema de esto último se centra en que un país sin sociedad civil fuerte será un país con un Estado necesariamente débil. Ello lo digo en el sentido de que una de las funciones sociológicas de la sociedad civil consiste en limitar el poder del Estado. Sin una sociedad articulada cívicamente, los pocos que estén organizados se adueñarán de las instituciones haciendo prevalecer sus intereses particulares sobre los intereses colectivos. Ello explicaría el término “cogollocracia”, tan usado en nuestro país. Según lo que nos sugiere su significado, nuestro régimen se habría vuelto el régimen de unos pocos, el régimen de aquellos que dirigen los partidos políticos tradicionales y ocupan posiciones directrices en la economía privada nacional y mundial, y estos serían los que harían prevalecer sus intereses frente a los de una colectividad atomizada y sin cultura cívica. El Estado sería así un “Estado Privado”, un Estado perteneciente a unos cuantos individuos, sin bases propiamente legítimas, y que si pudo operar durante muchos años fue por tener solvencia financiera para cubrir las deficiencias inmediatas de la población, pero que una vez colapsado su modelo económico colapsaría también su fuente de estabilidad política. Bajo este marco, la Reforma estaría enmarcada como un intento desde arriba, desde esas cúpulas, y su fin sería dar cabida a nuevos grupos que pudieran relegitimar el sistema.

Solventar parcialmente esta situación pasaría por el ascenso de un nuevo liderazgo que, alcanzando posiciones de poder, pudiera establecer sustantivas reformas a nivel cultural. Con ello queremos significar que los cambios políticos en Venezuela se tienen que dar desde el Estado y no desde la sociedad civil. A menos que pensemos en la espontaneidad de la formación de ésta y asumamos una posición de espera ilusoria, sólo nos queda recurrir al Estado como posible centro de recreación del país.

En este sentido, los cambios no pueden consistir en la mera descentralización administrativa. No se trata solamente de elegir representantes locales, regionales y nacionales. Sin duda tal elección es muy importante. Empero, pienso que lo más importante es un cambio educativo, tal como aquel que tras la muerte de Gómez se emprendió a nivel nacional. Y es que los gobiernos de López Contreras y Medina Angarita entendieron muy bien que la modernización nacional no era posible sino superando la educación de élites que hasta ese momento había prevalecido. Después, en 1945, con la llegada de Acción Democrática y otros sectores medios al poder nacional, las reformas educativas se profundizaron. Comprendieron muy bien aquellos sectores que un régimen de democracia representativa no prosperaría sin una población educada en los valores democráticos. La concepción del Estado Docente de Luis Beltrán Prieto Figueroa y los esfuerzos de masificación de la escolaridad apuntaban en esa dirección. El nuevo Estado tendría que ser defendido desde la sociedad ante las amenazas que podrían venir desde los grupos con posibilidades de poder, tales como las Fuerzas Armadas Nacionales. No obstante, les faltó el tiempo necesario para adoctrinar nuevamente al país. Sería después de 1958 cuando nuevamente se implementaría una educación democrática.

Ahora aquel modelo se ha agotado y el país carece de un proyecto de desarrollo definido. Prevalece todavía la Venezuela del Pacto de Punto Fijo pero ya sin mayores posibilidades de continuación. Parece que este punto es el que todavía no ha entendido bien el actual Presidente. Y no lo digo tan sólo por los intentos restauradores del gobierno, por su asociación con Acción Democrática. Lo digo también por aquel discurso del 4 de febrero de 1992 de Rafael Caldera, en donde éste expresó una media verdad. Me refiero a aquella famosa afirmación de que no se podía pedir al pueblo que se inmolara por la democracia mientras padecía de hambre. Esto es cierto, pero también es cierto que no se va a inmolar por aquello que ignora. No se le puede pedir que lo haga si lo que conoce es un régimen autoritario que impone políticas inconsultamente, que puede ofrecer algo en campañas electorales y después estafar a sus electores sin que estos tengan posibilidad alguna de demandar lo que se les ofreció. Los golpistas pudieron llegar a ser ídolos porque sencillamente no había, como todavía no la hay, una democracia efectiva, sustantiva, participativa; con un Estado limitado y un gobierno limitado por ese ordenamiento estatal. Así, lo que aconteció en aquel entonces bien puede volver a acontecer si se presentan las fuerzas que desplacen a los actuales grupos en el poder político. La población no se inmolará por una democracia inexistente.

Por eso el proyecto de la COPRE contempló la reforma educativa como eje fundamental del proceso. Sin tal cambio sería difícil garantizar una relegitimación del sistema. De este modo podemos leer lo siguiente en el proyecto: “La Reforma del estado constituye un cambio cultural en sí misma, con efectos presumibles en diversas instancias de la realidad. Su carácter integral postula una nueva interpretación del problema educativo y cultural, porque asocia explícita y estrechamente las transformaciones de la economía, los sistemas de representación política y los modelos de gestión administrativa del estado, con el ámbito de los valores, las actitudes y los comportamientos.”
[3] La Reforma sólo tendría éxito si se lograba a nivel cultural una reinterpretación de la realidad sociopolítica del país, una reinterpretación desde lo local que pusiera fin al monopolio interpretativo de la metrópolis capitalina. Se trataba de reeducar en el valor de lo local y consumar actitudes propiamente democráticas.

Ahora bien, llegados aquí, encontramos la mayor traba a la relación descentralización-democratización. Primero por los factores que conforman la realidad cultural y educativa de nuestro país; segundo, por los intereses políticos y económicos que se oponen a una educación para la democracia. En cuanto a lo primero podemos mencionar los siguientes factores que nos permiten tener un primer diagnóstico de la situación real, a saber, nuestra educación política es hoy un fracaso porque:

1o.) La familia como agente socializante primario se encuentra en un proceso acelerado de desintegración. Las presiones económicas y la absorción social de los padres, hace que hoy usemos con mayor frecuencia el vocablo ”casa” en lugar del vocablo “hogar”. La familia, cuando efectivamente existe, no encuentra espacios para sí, esto es, espacios de reunión que pudieran permitir solidificar un núcleo educativo para la formación personal, moral y política de los más jóvenes. Se puede decir, en términos metafóricos, que nuestra época se caracteriza por el paso de la “familia de la mesa comedor” a la “familia de microondas”, en donde sus integrantes se encuentran esporádicamente en la casa, se saludan, pero tienen muy poco que compartir. Esto, cuando efectivamente existe aunque sea como fachada; pues, en la mayoría de los casos, ya sea por las altas tasas de divorcio, por la ausencia de una cultura paterna o por la pérdida de la mujer como sostén no económico del hogar, la familia es inexistente. De acuerdo con esto, acabo de publicar un artículo el pasado jueves en El Nacional donde manifestaba lo iluso que es promulgar un regreso a la familia de otrora. El punto radica en que esa cultura se ha perdido y tampoco la mujer estaría dispuesta a negar sus posibilidades de desarrollo personal para sacrificarse como sostén familiar, además de que las presiones por mantener un nivel económico mínimo apuntan en contra de esa dirección.

2o) Ante la ausencia de la familia, tampoco la escuela está presente. Veamos algunos datos que pueden ilustrar esta idea. Casi la mitad de los niños en edad escolar se encuentran fuera del sistema; de los que asisten a la básica sólo la mitad han pasado por el pre-escolar; con suerte se llegan a cumplir los 180 días programados de los 365 que tiene un año; cada día escolar tiene un promedio de 4 horas sobre las dieciséis que suele estar despierto un niño; la masificación del aparato y la ausencia de suficientes instalaciones físicas y recursos humanos disponibles va en detrimento de la calidad de la enseñanza; en fin, la lista es demasiado larga para tratarla aquí en detalle. En cuanto a lo que se enseña es menester decir que tenemos una escuela regida por lo que Paulo Freire llamó en su oportunidad la concepción bancaria de la educación, y que usualmente nosotros llamamos una educación de contenidos. De lo que se trata es que el niño deposite en su mente toda una serie de conocimientos aislados, preferiblemente científico-positivos, y luego pueda expulsarlos en la “evaluación objetiva”. Este tipo de educación basado únicamente en la actividad memorística es la negación misma de una educación actitudinal, esto es, de una educación que se acerque a la experiencia de vida del joven y que se encarne en sus acciones cotidianas; de una educación cuyo recreo sea el aula, entendida como aula abierta, y no el receso en el patio. Finalmente, se trata de una escuela que no forma ciudadanos pues rehuye enseñar valores éticos y políticos; todo ello amparada en los argumentos de libertad ideológica y la enseñanza del saber científico. Supone que el individuo elegirá libremente y que la familia le enseñará los criterios para ello. Por otro lado, la familia, cuando existe, supone lo mismo de la escuela.

3º) Desasistido por la familia y por la escuela, el joven venezolano sí no lo está por los medios de comunicación social y la comunidad. La televisión llega las 24 horas del día los 365 días del año a cualquier parte. Y la comunidad, los vecinos, los amiguitos también están siempre ahí. Pero ni la televisión ni la comunidad cumplen o deben cumplir necesariamente una función educativa. El gerente de programación de una estación de televisión siempre podrá decir que ofrece la programación que el público demanda; podrá decir que supone que existe una familia y una escuela encargadas de darle criterios al individuo para que sea selectivo. Y así una vez más entramos en el terreno de los supuestos en donde nuestros futuros hombres quedan a la deriva.

Todos estos factores culturales negativos para la democratización de la sociedad se ven reforzados por los intereses políticos de la autoconservación del poder. Los partidos políticos institucionalizados en el gobierno no se encuentran muy interesados en invertir en educación. Antes, la lógica del poder les reclama mantener el status quo de una población que cada vez tiene mayor desinterés por la actividad política. Ante la ausencia de nuevos actores ellos tienen garantizada su estadía en las posiciones de privilegio. En este sentido, democratizar el saber es democratizar el poder. Tener ciudadanos bien informados es tener hombres prestos a defender su Estado de Derecho y a limitar a lo máximo posible las funciones del gobierno.

No podemos hablar de democracia en una sociedad de hombres desinformados, pues estos son presa fácil de las técnicas de manipulación. Un individuo, que por su condición social se encuentra fuera del aparato escolar, que no obtiene armas cognoscitivas para leer los mensajes publicitarios, será fácil de engatusar con alguna propaganda electoral o publicidad de alguna mercancía dada. Creo que en ello radica en gran medida la pérdida de contenidos de las campañas, su devenir en mero marketing.

Desde todo lo expuesto sólo he tratado de llamar la atención sobre la idea de que una descentralización efectiva supone una “Democracia Cultural y Educativa” orientada a la formación de ciudadanos capaces de llevar a cabo una acción cívica garante de instituciones sociopolíticas realmente sólidas y que hagan prevalecer el “Estado de Derecho”. Todo ello supone la voluntad política de invertir efectivamente en educación, de transformar nuestra escuela en un centro recreativo y forjador de ciudadanos, de ampliar los espacios de ésta en días al año y horas al día, de insertar en ella conocimientos destinados a democratizar la información, a dar criterios para no sucumbir ante las manipulaciones del mercado. Se trata de hacer una escuela al día con los últimos avances de la informática y productiva de cara a las necesidades locales, que son finalmente las necesidades más inmediatas de los individuos.

Como hemos visto, son muchas las fuerzas y los obstáculos que se oponen a tales cambios. Por lo pronto digamos que desde los concejos municipales, alcaldías y gobernaciones se puede hacer mucho por una educación para la democracia. Primero, demandando la descentralización educativa, ,no sólo en el aspecto administrativo de los planteles sino también solicitando espacios propios en los curricula. Segundo, demandando más recursos al Estado y creando fuentes de financiamiento propio. Tercero, invirtiendo más en educación, ampliando la escuela a dos turnos, ofreciendo alimentación a los niños y jóvenes más pobres, preparando y pagando mejor a los maestros, acercando las escuelas y centros culturales a la comunidad para que ésta se identifique con ellos. En fin, hay muchos modos más para superar la descentralización y democracia de cartón piedra. Yo sólo he considerado uno de gran interés colectivo: el cultural. Pienso que ello es fundamental para cumplir con ese norte originario y expuesto en los libros de la COPRE: fortalecer al individuo frente al Estado. Sólo falta saber si quienes hoy ocupan las posiciones de dirigencia superan los límites de sus ambiciones personales en función del desarrollo integral de nuestra nación.

No quiero extenderme más. Finalmente no se trata de venir aquí a expulsar algunas opiniones personales a un grupo de oyentes calienta sillas. Esa no es mi pretensión y espero que ustedes no tengan la de ser pasivos. La idea es establecer aquí un diálogo crítico. Aprovechemos esta posibilidad, este espacio que nos brinda la Fundación de Cultura, y recordemos que vivimos en una sociedad de saturación donde estos encuentros son cada vez más imposibles.



Muchas gracias por la oportunidad…
Javier B. Seoane C.
La Victoria, 12 de abril de 1997

[1] COPRE: La reforma del Estado. Proyecto de reforma integral del Estado, COPRE, Caracas, Venezuela 1988, p. 374
[2] Ibidem
[3]Ibid., p. 295

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